Corredores Viales S.A. confirmó el despido de 117 trabajadores que participaron en las protestas que llevó adelante la semana pasada el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), referenciado en Facundo Moyano. Los obreros protestaron en apoyo a los 500 trabajadores de Caminos Río Uruguay, cuya concesión se cayó.
Las medidas de fuerza de los trabajadores de Corredores Viales SA, fueron consideradas «ilegales e ilegítimas» por parte de la empresa estatal, y se mantuvieron durante cuatro días y afectaron las operaciones de la empresa «causándole al Estado Nacional una pérdida de más de 2.500 millones de pesos», según fuentes oficiales.
«La acción sindical extorsiva se inició con un reclamo al Estado Nacional en solidaridad con la situación laboral de 500 trabajadores privados pertenecientes a la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó según lo estipulado desde 2014. Así, el sindicato pretendía que el Estado nacional contrate o indemnice a 500 personas que son responsabilidad de una empresa privada», señalaron.
Y agregaron que, «al afectarse las operaciones por motivos ajenos a Corredores Viales y por hacerlo sin dar aviso previo a la autoridad de aplicación, tal como lo impone la Ley 14.786, se denunció el hecho ante la Secretaría de Trabajo. Frente a esto, SUTPA cambió el motivo del paro por otras razones que no justificaban un paro por tiempo indeterminado».
«Como ya fue advertido por Corredores Viales a sus trabajadores, de continuar con estas medidas extorsivas y desproporcionadas, la empresa seguirá adoptando las sanciones disciplinarias correspondientes, como descuentos de días y horas de trabajo, pérdida del presentismo y despidos», remarcaron desde el Gobierno.
Finalmente, señalaron que, «cuando se levantan las barreras, no solo se impide el pago del peaje de forma manual, sino que también se puede desactivar la posibilidad del cobro automático a través de Telepase. Así, se le produce un daño al Estado en su recaudación de más de 700 millones de pesos por día, necesarios para el sostenimiento del sistema sin la necesidad de recibir aportes del Estado».
Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, reivindicó la medida y afirmó que “el derecho a huelga no es para extorsionar ni tomar de rehén a nadie”. “Cuando decimos que no negociamos bajo intentos de extorsión de la casta, hablamos en serio”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X.
“Se acabó la época en que el Estado se hace cargo de todo, estamos en la época de @JMilei y en esta época el que hace daño, afronta las consecuencias. Vamos a ir a fondo”, remató.
Por otro lado, la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, Florencia Cañabate, consideró que se trata de despidos sin causa. “Mientras nosotros estábamos esperando una audiencia en la Secretaría de Trabajo, Corredores Viales estaba imprimiendo 117 telegramas de despidos”, afirmó en AM 530.
Y agregó: “El paro que realizamos la semana pasada fue multicausal. Por paritarias, por condiciones de seguridad, por los trabajadores que no eran incluidos dentro de los pliegos”, señaló. “Al día de hoy hay estaciones cerradas por los despidos que realizaron”, advirtió. “Vamos a utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance”, concluyó.
Sobre las declaraciones de Mogetta, Cañabate afirmó: “Supuestamente van contra la casta sindical y, en vez de imponer una multa o sanción contra la organización, van en contra de los trabajadores”. “Este ataque contra los trabajadores viene desde hace un año y medio y no lo tenemos que permitir”, advirtió la dirigente.
La semana pasada, Facundo Moyano calificó la situación como “el mundo del revés”. “El gobierno nacional echó a un privado y puso a “gestionar” las rutas del Mercosur a Vialidad Nacional”, afirmó en Telefé. Y sumó: “500 despidos y usuarios desprotegidos. Ya vivimos el cuento de las inversiones que nunca llegan”.
