En el marco de la investigación iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Nación ante las crecientes quejas relacionadas con la imposibilidad de acceder a beneficios sociales y previsionales, la Defensoría central le recomendó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) revisar su enfoque restrictivo en la verificación de residencia y permanencia de los solicitantes, a través de los registros migratorios.
La investigación, iniciada por el aumento de quejas vinculadas a la dificultad de acceder a prestaciones de Anses, debido a incongruencias en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), reveló que muchas personas, tanto nacionales como extranjeros con residencia vigente, enfrentan obstáculos debido a omisiones o inconsistencias en sus movimientos migratorios registrados.
Estas situaciones se presentan en casos tanto recientes como de hace más de quince años, dificultando la rectificación de los registros y, en consecuencia, el acceso a prestaciones como jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH), moratorias y otros beneficios sociales.
La Defensoría subraya que las normativas vigentes no establecen como único requisito la validación de los registros migratorios para acreditar residencia o permanencia en el país, y que la Anses debe considerar otros medios probatorios para garantizar que todos los solicitantes, incluidos aquellos que enfrentan dificultades con los registros migratorios, puedan acceder a las prestaciones.
Asimismo, se remarca que la legislación nacional e internacional establece el derecho de acceso a la seguridad social, tanto para ciudadanos como para extranjeros con residencia legal en el país y que cualquier limitación, que impida el acceso a estos derechos, debe ser revisada.
En este sentido, la Defensoría insta a la Anses a adoptar un criterio más flexible y permitir la presentación de pruebas alternativas que acrediten la residencia y permanencia en el país.