Según Vialidad, en diciembre ya iba a estar publicada la licitación para concesionar “la ruta del Mercosur” pero, tal cual informaron, el decreto todavía no sale del Ministerio de Economía; en abril de 2025 vence el contrato del actual concesionario y viejos contratistas del Estado ya hicieron pública una oferta para quedarse con el negocio, en la que propusieron invertir casi US$1000 millones en 15 años.
La velocidad del anuncio chocó con la complejidad del asunto. En octubre, una conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer una de las gestiones del Gobierno que hasta entonces se movía fuera de la esfera pública: la privatización de la concesión de las rutas con peajes, que dejan miles de millones todos los meses. Muchas constructoras comenzaron a frotarse las manos.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) publicó su cronograma de lanzamiento de licitaciones. La primera llegaría en diciembre, pero el tránsito del asunto quedó trabado en el Ministerio de Economía, envuelto en un clima de indefinición.
Por un lado, Vialidad hizo todo lo posible para que las licitaciones avancen, pero señalan que falta la decisión final para que el decreto salga de las oficinas del Ministerio comandado por Luis Caputo. En simultáneo, fuentes del sector privado interesadas en este negocio describieron que, después de reuniones por este tema, observaron diferencias de criterios entre la DNV y funcionarios de la Casa Rosada.
Según había estipulado Vialidad, la primera licitación iba a ofrecer la concesión de las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y facilitan el comercio con Brasil, Uruguay y Paraguay.
“La convocatoria para esta etapa se lanzará en diciembre de 2024, previendo la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025″, explicó en un comunicado oficial. Dichos plazos no son arbitrarios. Responden a la actual concesión en manos del consorcio de empresas que componen a Caminos Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato finaliza en el cuarto mes del año que viene. Esta licitación forma parte de la primera etapa del plan de privatización de las rutas con peaje, en su mayoría explotadas por la compañía pública Corredores Viales. De hecho, la segunda parte del cronograma estipula que en julio debería haber nuevos adjudicados para estos otros tramos.
Entonces, el tiempo es tirano en esta historia porque cada vez falta menos para que la principal ruta del Mercosur quede huérfana de concesionaria y sin responsables privados por su mantenimiento. Hasta el momento, la fecha límite es 30 de abril.
Por lo tanto, la demora en la publicación de esta primera licitación y posterior adjudicación representa un problema no sólo para el Gobierno y para quienes quieran quedarse con el negocio, sino también para los 44.230 vehículos que transitan esas rutas diariamente.
Estos contratos movilizan cifras importantes de dinero. Sólo para poner un ejemplo: los viejos conocidos contratistas del Estado Luis Losi, JCR y Rovella Carranza le presentaron una propuesta al Ministerio de Economía, tal cual informaron en un comunicado. En él, hablaron de un “estado de deterioro (de las rutas) que no permite que sea una plataforma eficiente para el desarrollo y el crecimiento de la región y el país”. Entonces, para quedarse con la concesión de la principal ruta de intercambio comercial entre la Argentina y Brasil, estimaron una inversión en costos de operación de alrededor de US$650 millones y otros US$300 millones para mantenimiento, durante 15 años de concesión.
Pero la falta de definición sobre esta licitación no sólo deja en “veremos” a ofertas económicas como la anteriormente mencionada. También les abre la puerta a los actuales concesionarios, que se ilusionan con obtener una prórroga más, algo que estaba fuera de todo cálculo.
CRUSA puja por una renegociación de su contrato que comenzó en 1990 y fue prorrogado varias veces. Argumenta que el atraso de los precios de los peajes regulados por el Gobierno impidieron tener la ganancia estipulada, pero Vialidad siempre se la negó, ya que indicó que impidieron realizarla una serie recursos judiciales presentados por el consorcio de empresas, y al mismo tiempo reclamó la finalización de obras que debían hacerse.
Fuente: La Nación
