Entre Ríos aún no adhirió al convenio que establece un protocolo de actuación específico para desarrollar en la temporada de verano.
Las provincias de Santa Fe y Córdoba, y en los próximos días se sumará Entre Ríos, firmaron un convenio para la protección de los derechos de consumidores y usuarios turistas que establece un protocolo de actuación específico de cara a la temporada estival.
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El protocolo contempla canales de comunicación para consultas y reclamos, prioriza el tratamiento de reclamos vinculados a servicios y bienes turísticos conforme a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y también permite la realización de audiencias virtuales para facilitar la resolución de controversias.
La subsecretaria de la Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone, destacó el trabajo en la «planificación de campañas conjuntas, creación de alertas y en un observatorio regional de consumo para acompañar a los ciudadanos». Por su parte, el director provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe, Christian Galindo, subrayó que el protocolo permite «intercambiar información y ser más eficaces al intervenir en conflictos de consumo» además de otorgar «una solución rápida y prioritaria para los turistas».
En tanto, Diego Puente Rosa, director general de Defensa del Consumidor de Córdoba, afirmó que este tipo de convenios «fortalece la colaboración interprovincial y permite ofrecer mejores respuestas a los consumidores». El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, Carlos Torres, explicó que avanzan en «controles preventivos en rutas para garantizar la seguridad de los viajeros. Compartimos criterios uniformes en documentación y procedimientos para cuidar a quienes circulan por nuestros corredores».
Un Observatorio Regional para el Consumo
El acuerdo también prevé la creación de un Observatorio Regional de Consumo que monitoreará tendencias y problemáticas en la Región Centro. Entre sus funciones se destacan la recopilación y análisis de datos para informar políticas públicas, la creación de un sistema de alertas sobre productos o servicios peligrosos, y el desarrollo de capacitaciones conjuntas para personal de defensa del consumidor y la comunidad.
