Fue realizada por el diputado radical Fernando Carbajal: “No vamos a callar frente al autoritarismo y el macartismo”. El legislador del bloque Democracia para Siempre denunció a Javier Milei y el flamante canciller Gerardo Werthein, por “promover la persecución ideológica en el cuerpo diplomático”. Es por la advertencia del presidente sobre el destino que tendrían funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que estuvieron detrás del voto en la ONU a favor de Cuba.
El diputado nacional Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el flamante canciller Gerardo Werthein, por “promover la persecución ideológica en el cuerpo diplomático”, a raíz de la advertencia que hiciera el mandatario sobre el destino que tendrían funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que estuvieron detrás del voto en la ONU a favor de Cuba, lo que le valió la salida a Diana Mondino.
“La amenaza presidencial de echar al personal de carrera de la Cancillería luego de hacer un trabajo de inteligencia ideológica para ‘identificar impulsores de las agendas enemigas de la libertad’ constituyen actos manifiestamente ilícitos e inconstitucionales que configuran ilícitos penales y deben ser evitados por el Poder Judicial de la Nación en salvaguarda de las libertades individuales que se ven severamente amenazadas por la autoridad presidencial”, enfatizó el legislador en declaraciones que reprodujo el portal parlamentario.com.
Además, aseguró que “ni por cerca vamos a tolerar en silencio que el presidente se considere con derecho a imponer su forma peculiar de pensar y comprender la realidad a todos los empleados públicos del Estado tal como pretende hacerlo, pues ello implica pulverizar el Estado democrático de Derecho y no hemos de consentirlo ni permitirlo”.
En el escrito, el exjuez formuló la denuncia “en orden a la comisión del delito previsto por el artículo 43 ter de la Ley 25.520”, el cual prevé que “será reprimido con prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520”.
Asimismo, la presentación se realizó también en “los términos de la Ley 23.592 solicitando la intervención preventiva de la justicia federal para impedir la consumación de los actos ilícitos discriminatorios anunciados” por el presidente y el canciller, “los cuales violan la Ley 23.592 y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”.
Carbabal recordó que el 30 de octubre pasado, mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, se anunció “la realización de acciones ilegales de persecución ideológica contra los funcionarios estatales en el Ministerio de Relaciones Exteriores”. “El Poder Ejecutivo iniciara una auditoría de personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de las agendas enemigas de la libertad”, rezaba en uno de sus párrafos el texto difundido el día que fue echada Mondino.
El diputado recordó que esto fue ratificado por el presidente el lunes 4 de noviembre, “en el programa televisivo al cual asistió como ‘invitado’, conducido por su novia Amalia ‘Yuyito’ González“.
“No están en discusión los poderes presidenciales de fijar la política exterior y de instruir al personal de la Cancillería sobre el sentido de los votos a emitir en ámbitos internacionales”, aclaró Carbajal.
Y continuó: “En el caso sucedió que hubo una evidente discordancia entre el ejercicio de ese poder presidencial y la funcionaria política encargada de ejecutarla, la canciller Mondino; con justa razón eyectada de su cargo por su evidente incapacidad de interpretar la voluntad presidencial (solo digamos tangencialmente que la posición adoptada en el caso fue la tradicional del país, evidentemente la Sra. Mondino se fue del gobierno sin llegar a comprender los niveles de irracionalidad y locura existentes en el nivel superior del gobierno al cual pertenecía)”.
Por esto, “la decisión política del presidente de despedir a la canciller es absolutamente legal y legítima”, sin embargo “cosa muy diferente es pretender utilizar ese evento político para iniciar una ‘purga ideológica’ al mejor estilo estalinista para echar de la Cancillería a quienes no tienen coincidencia ideológica y política con el presidente de turno”, remarcó.
En ese sentido, el formoseño indicó que “la ideología que profesen los funcionarios públicos no puede ser motivo indagación, recolección de información, de cuestionamiento, análisis o ponderación por el presidente sin incurrir en groserísima violación de la Ley 25.520 y 23.592 y el orden constitucional que asegura a todos los ciudadanos la libertad de pensamiento”.
En otro tramo de su denuncia, el radical dijo que “no es un dato menor señalar que la principal asesora e ideóloga presidencial, la diputada nacional Lilia Lemoine, en coincidencia con su líder, haya salido a reivindicar en estos días a Joseph McCarthy, autor de la cacería de brujas anticomunista en EE.UU. durante la guerra fría, señalando que efectivamente se viene una campaña de ‘limpieza ideológica’ que en este momento histórico alcanzará a todos aquellos que no coincidan con el presidente Milei”.
Carbajal solicitó a la Justicia que se requiera al presidente y al canciller que “en breve plazo” informen “cuáles son las acciones previstas, ejecutadas, en curso de ejecutarse, que tengan por objeto dar cumplimiento a la orden presidencial”. Y también que “se ordene la suspensión cautelar de cualquier medida estatal, de cualquier tipo y naturaleza, que implica la recolección o identificación de posiciones políticas e ideológicas del personal del Estado, en todas sus áreas, asegurando la libertad de pensamiento”.
